Los dirigentes políticos y administradores de las democracias occidentales post Estado de Bienestar se encuentran ante la misma disyuntiva. Por un lado, deben satisfacer las demandas de los conductores de la vida económica: empresarios y acreedores del capital financiero internacional. Por otra parte, la dependencia del sufragio emitido por la ciudadanía para garantizar su legitimidad y mantener su estabilidad en el gobierno, implica también atender a las cuestiones que exige la seguridad entendida en un sentido amplio, es decir, la que garantiza la actualización de los derechos básicos: salud, educación, previsión social, satisfacción de las necesidades primordiales. Los espíritus soplan si quieren, y a ningún político conviene enterarse tarde de esta cuestión puntual. Se trata de la difícil misión de intentar mediar en la tensa relación entre capitalismo y democracia. La lealtad de la ciudadanía se logra con la ejecución de proyectos concretos y políticas de seguridad social claras, cuyos efectos percibe con mayor sensibilidad que los de las numerosas operaciones propagandísticas en curso que movilizan, manipulan y gestionan la opinión pública. La población se mantiene activamente involucrada en la construcción de su destino, tanto a través de la convocatoria masiva a los eventos del calendario electoral, como en la participación de los distintos espacios consultivos que establecen las tendencias contemporáneas de una administración pública descentralizada y proactiva: instancias de participación de la ciudadanía en la decisión sobre el destino del presupuesto público y organismos institucionales que incluyen a las organizaciones de la sociedad civil y proyectos de intervención territorial de distinto cuño.

   Desde hace poco más que medio siglo, venimos observando ciertas características que la recomposición permanente del modo de producción social imprime al mapa geopolítico. El foco perturbador que es el mundo árabe incorpora en Europa el problema del desplazamiento territorial poblacional y los refugiados, en un panorama de crisis, recesión y desempleo. Esta última trinidad se reproduce en los países de América Latina y también en los Estados Unidos. Mientras tanto, en un lento proceso de crecimiento basado en la sobreexplotación y superproducción y gozando de un índice de consumo interno elevado por su densidad poblacional, China se levanta como potencia emergente en un orden mundial signado por la crisis del petróleo y una preocupación en aumento por el cambio climático y agotamiento de los recursos naturales. Es quizá demasiado simplista la ecuación que propongo, pero el proteccionismo económico que en la última temporada sobrevivió mediante la formación de bloques continentales como el latinoamericano Mercosur y la Unión Europea está reservado a las épocas de bonanza. Los períodos de crisis reconducen, aunque de manera contingente -por decisión de retornar a lo seguro por repetición- a la implementación de políticas conservadoras. Es necesario seducir al capital financiero y empresario de la esfera global, coronado por tradición como el único capaz de realizar el salvataje de las economías nacionales.

   Sin embargo, no hay gobierno que pueda escapar al costo político que estas maniobras de seducción implican. La atracción del capital extranjero implica en el interior la apertura de importaciones y la disposición de ventajas de inversión que actúan en detrimento de la producción nacional; así como la desregulación del trabajo que coloque a la mano de obra local en posición competitiva. Son decisiones políticas, y el sentido común diría que, de mantenerse unidos los bloques continentales en actitud resistente a la desregulación neoliberal, estos efectos negativos de las crisis podrían reducirse. El problema es que estas decisiones deben ser tomadas en contextos administrativos distorsionados por la proliferación y estabilización de prácticas fraudulentas y privilegios que se desarrollan –para un sistema de libre competencia, casi naturalmente- a partir de la cristalización de determinadas estructuras en el poder político. Aun cuando todavía no es posible medir el alcance posible de sus consecuencias, en el continente americano apuestan incipientemente a la propuesta de la economía social, surgida en Brasil hacia el año 2000. A día de hoy, ha sido relativamente poco el tiempo para la transformación cultural que un sistema económico de este tipo implica: la formación en los modelos de trabajo cooperativista y métodos de  producción sustentable sumados al desarrollo y extensión del acceso a la tecnología correspondiente a tales fines. Un salvataje del volumen de personas sumidas bajo la línea de pobreza fue más urgente en la última década, un proceso que en Latinoamérica ha tenido además como consecuencia la multiplicación de grupos humanos con conciencia políticamente activa bajo influencia de los regímenes populistas, como gusta decir a las teorías de moda en el campo. Hasta qué punto es capaz el desarrollo del sistema de la economía social salir al paso ante la crisis de desempleo y pauperización de las condiciones laborales a que conduce una política de desregularización laboral y desfinanciamiento de los sindicatos, es una pregunta que nos plantea la reforma laboral en Brasil. Pero la misma pregunta se hace Estados Unidos, donde es necesario superar la crisis del petróleo. También en Sudamérica, donde un ajuste económico consonante con el cambio de signo en la administración del Estado, ha conducido a un incremento de la tasa de desempleo en un contexto de inflación lenta pero segura, como es el caso en Argentina. Aquí vemos en las políticas de estado una tendencia a la apertura de financiamiento a proyectos independientes de base cultural, tecnológica y productiva. Según algunos analistas económicos, se trata de una estrategia para poner en movimiento los recursos volcados al sistema a través de indemnizaciones por despidos, acompañado del desequilibrio financiero que implica la toma de deudas y creación de papel moneda. Esto se suma a un acelerado montaje de infraestructura destinada a mejorar el sistema de transporte para una producción según el modelo agropecuario y extractivo. Si estamos ante una tendencia imparable, entonces la responsabilidad política es asegurar el empleo local y controlar la creación de monopolios que influyan en la suba del costo de vida. Esto no puede depender de la buena voluntad de los gobernantes. Todo el proceso en general ocurre en nuestro país, no sin resistencia. Así atestiguamos una vez más las escenas de represión de trabajadores que viéramos a principios del año pasado, ahora unos meses antes de las elecciones. Con todo, no vivimos en Argentina una crisis institucional al tono de Venezuela; como tampoco nos encontramos enfrascados en situaciones como la de Colombia, con su proceso de paz basado en el desmantelamiento de las funciones paramilitares de las FARC. Un proceso que, al otro lado del mundo, Irlanda encaró en 1998. Todavía hoy, por causa de la “incertidumbre” –es la palabra favorita de la prensa internacional para describir la situación- generada en torno al “Brexit”, hay quienes se preguntan, viendo la inestabilidad del liderazgo de la premier británica Theresa May, si aún existe el IRA. Y es que Irlanda, caso europeo excepcional, lejos de la emergencia económica griega por ejemplo, se encuentra en un momento favorable que induce pronósticos de pleno empleo para 2018. Esto depende en gran medida de los acuerdos que pueda concretar para su permanencia en la UE. El tema de las armas no es menor. El “Daesh” –el mundo islámico ha propuesto este nuevo nombre para ISIS, con el argumento de que el accionar de tal “Estado Islámico” no se corresponde con la ética del Islam- llega a traer problemas al recóndito sur del planeta azul. Si bien el Comité contra el Terrorismo de la ONU no registra actividad terrorista en el continente, comienza a justificar su intervención preventiva en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, que, como enclave de la comunidad ahmadí, cuenta con una importante presencia árabe en la región.

   La mirada global es importante; no sólo para hacerse cargo de las tendencias políticas que están operando a nivel gubernamental, sus causas y motivaciones. También es necesaria para situarnos acerca de cuáles son las nuevas demandas del ciudadano del mundo entero. Vamos a la confiable brújula de los derechos humanos: educación; derechos laborales; atención adecuada y acceso a salud; vivienda y condiciones dignas de vida; derechos ambientales y a una nutrición saludable. Pero también la nueva generación de derechos, nacidos y crecidos al calor de Internet, que hacen a las cuestiones de acceso a tecnologías, libertad de expresión y propiedad digital. La carta de derechos es también una lista de demandas de políticas al detalle del cumplimiento de la exigencia que los engloba a todos: la igualdad de reconocimiento jurídico, orientada a bloquear la discriminación según origen racial, profesión religiosa y elección de identidad de género. Las mujeres, que desde la gran salida a las calles contra la asunción de Trump en Estados Unidos adquirieron un gran protagonismo en las luchas sociales a través del mundo, se encuentran ante el desafío de -además de continuar impulsando la equidad que hace siglos reclaman- ser capaces de integrar un mismo movimiento junto a estos nuevos colectivos. Es lo que, poco a poco, está sucediendo. Con respecto a la otra mitad del mundo, que es varón, cabe admitir que el feminismo más radicalizado no aceptará un diálogo en condiciones de desigualdad. Existe otra tendencia, que también data de hace mucho tiempo, según la cual es el niño quien moraliza la sociedad. Tanto lo decían los anarquistas decimonónicos, como las políticas afirmativas que impulsan organismos como Unicef. ¿Será la centralidad de la primera infancia y sus derechos capaz de cerrar la brecha entre las dos mitades de la población mundial?

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